Esfuerzo importante por limpiar las principales instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia de malos servidoresMérida, Yuc.-En momentos en que la seguridad pública es insuficiente o incluso está ausente como derecho humano, y los homicidios violentos relacionados con el crimen organizado en lo que va de 2008 suman más de cinco mil casos en todo el país, debe reconocerse que el gobierno federal hace un esfuerzo importante por limpiar las principales instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia de malos servidores, manifestó el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, quien señaló que la expectativa general debe estar orientada por derrotar a la impunidad y lograr que los policías sean vistos con confianza y como representantes de autoridad, no con miedo o como promotores de la corrupción.
Entrevistado durante XIII Asamblea General y Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsman y VII Asamblea General de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano, inauguradas hoy aquí por la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, subrayó que la seguridad pública debe estar garantizada por el Estado, cuyas autoridades reciben sus percepciones del dinero de los mexicanos.
La situación de desorden y corrupción que prevalece en la mayor parte de las cárceles del país, es un reflejo más de la crisis de la seguridad, como lo demuestra el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que realizan anualmente la CNDH y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos.
El crimen organizado y la delincuencia no han dudado en tratar de poner en riesgo nuestro Estado de derecho, se han valido incluso de su gran poder corruptor para penetrar a numerosas corporaciones de seguridad pública.
Los problemas de corrupción e impunidad son de tal gravedad que sólo con una clara política de Estado podrá acabar con ellos.
El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de prensa y de libertad de expresión, por lo que demandó una actitud más proactiva del gobierno en favor de los derechos de los periodistas ya que ejercen unas de las garantías individuales más importantes.
Durante su intervención en el acto, a la que asisten 18 Ombudsman del Continente Americano, defensores de derechos humanos de diversos países de la región, así como de Asia y África, además de los 32 presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos Estatales de México, señaló que si bien el alcance y los resultados que se han obtenido con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales han sido significativos y alentadores para la humanidad, deber reflexionarse sobre la constante negación y violación sistemática de los derechos humanos que enfrentan distintos sectores de la sociedad, como son las minorías religiosas, los pueblos indígenas, las niñas y los niños, los migrantes, las mujeres, los refugiados y las personas discapacitadas.
Estamos insertos en un mundo globalizado que no ha sido capaz de reactivar las economías y los mínimos de bienestar de los países más necesitados, entre ellos la gran mayoría de los del Continente Americano, la labor de los defensores de los derechos humanos debe contribuir a mejorar las condiciones de vida de millones de personas a quienes se ha negado el reconocimiento y goce de sus derechos y libertades fundamentales.
Es importante, dar cuenta de la falta de condiciones que permiten propiciar un desarrollo armónico y equilibrado de nuestros pueblos, al tiempo que debemos pugnar por modelos de desarrollo que igualen las diferencias y otorguen oportunidades de bienestar a nuestras poblaciones.
Posteriormente la CNDH y la comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán suscribieron un convenio de colaboración para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ante lo cual, manifestó que los mexicanos vivimos momentos cruciales para reafirmar nuestro compromiso institucional en favor de una recuperación de la paz y la seguridad. El camino es la colaboración institucional para avanzar hacia una sociedad más segura, con un marco jurídico adecuado para la procuración y administración de justicia; con cuerpos policíacos profesionales y una sólida cultura de la legalidad y de respeto a los derechos humanos.
Se pone en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Yucatán, con lo cual esta entidad se suma al grupo de las que se avienen al escrutinio de su justicia penal. Dicho esfuerzo de prevención se realiza por medio de un sistema de visitas periódicas a los lugares en que se encuentran personas privadas de su libertad.
