CULTURA DE LA LEGALIDAD, VÍA PARA MEJORAR CONVIVENCIA

Lima, Perú.-Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), manifestó que el respeto a la ley y a los derechos humanos debe ser norma fundamental en el servicio público, en la relación entre autoridades y particulares y eje de las políticas públicas del Estado mexicano.

La finalidad es alcanzar, con la participación de todos, una vida digna como está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De esta manera, los mexicanos podrán hacer efectivos sus derechos fundamentales. Aunque también, existe el deber de cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones que establecen las leyes para los particulares.

Al dictar la conferencia magistral “Cultura de la legalidad y derechos humanos en México” ante autoridades, académicos, investigadores y alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, destacó que la CNDH ha convocado a los sectores sociales para formular propuestas que fortalezcan la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho, para preservar las libertades y los ideales de justicia de los habitantes del país.

Dicha participación se realiza durante las Jornadas Nacionales por la Cultura de la Legalidad y los Deberes de las Personas, mediante un diálogo respetuoso, tolerante e incluyente. El impulso que la CNDH da al fortalecimiento de la cultura de la legalidad tiene como propósito alcanzar los grandes acuerdos nacionales que permitan reorientar al país por el camino del progreso, el bienestar y la paz social.

El respeto a la ley es un valor que se debe fomentar en la conciencia de los individuos desde el nivel más elemental de convivencia social y fortalecer a lo largo de las diferentes etapas de la vida. La cultura de la legalidad, significa cumplir con las obligaciones que la ley establece para garantizar la convivencia social y que el ejercicio de los derechos se realice en apego a las disposiciones legales.

Los resultados que se obtengan en las Jornadas Nacionales servirán de base para construir un Acuerdo Nacional por la Cultura de la Legalidad y elaborar la Carta de Deberes de las Personas. Dicha Carta orientará a las personas respecto de todos sus derechos y todos sus deberes para con la ley, el Estado, la familia y con uno mismo.

Entrevistado al término de la firma del acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Perú, aclaró, se busca sumar esfuerzos para la mejor atención del problema migratorio, que de una u otra manera compartimos tanto México como Perú.

En ese orden de ideas, el objetivo es que podamos establecer canales de comunicación, de coordinación, para poder apoyar a los ciudadanos peruanos, a los ciudadanos mexicanos ante cualquier circunstancia que enfrenten con un problema migratorio. Lo mismo tratándose de niños que requieran ser repatriados, mujeres e inclusive el fenómeno tan oprobioso de la trata de personas, que amerita la suma de esfuerzos entre instituciones de Perú y México y, por supuesto, un esfuerzo continental, para hacer un frente común en la materia.

Cuestionado sobre los derechos humanos en México, reconoció, hemos avanzado de manera muy importante, pero hace falta todavía mucho camino por recorrer. Sin duda que la cuestión de la seguridad pública hoy por hoy ha ocupado y sigue ocupando parte de la atención fundamental del pueblo mexicano, sobre todo a propósito de estos últimos tres años, en donde el Gobierno Federal decidió enfrentar de manera muy intensa a la delincuencia organizada.

En cuanto a la labor del Ejército Mexicano en la lucha contra los cárteles del narcotráfico, precisó, he señalado en reiteradas ocasiones que la función de Policía no le corresponde al Ejército, sin embargo por una condición de emergencia ante la falta de instituciones policiales sólidas, con personal policial altamente profesional, tuvo que tomarse la decisión de incorporar al Ejército a una labor que no le corresponde. Esperemos que pronto puedan la autoridad civil y las Policías hacerse cargo de la función que les corresponde, y el Ejército también regresar a la labor que le es natural, que no es la de ser Policía.

En tanto, a si la participación del Ejército es por la enorme corrupción policial que hay, aclaró, se da por la falta de nivel profesional de los cerca de 440 mil policías que hay en el país, agrupados en un poco más de 1,200 corporaciones policiales, que no estaban preparados para enfrentar a la delincuencia organizada del siglo XXI, y que entonces tuvo que tomarse esa decisión del Gobierno Federal, para llevar a cabo esta lucha frontal contra el crimen organizado, que evidentemente no encuentra justificación alguna para que so pretexto de ello se violen los derechos humanos.

Al cuestionarlo sobre si el porcentaje de la violación de derechos humanos en México se está incrementando, aclaró que en el tema de la seguridad pública, es de 300 por ciento en los últimos 3 años -en el 2009 eran 700 quejas-, ahora estamos en 2,500 quejas. Y, aclaró, ese 300 por ciento es sólo del Ejército.

Sólo hacemos recomendaciones, pero hasta ahora hemos tenido una gran sensibilidad por parte del General Secretario que está al frente de las Fuerzas Armadas. Se crearon dos áreas especializadas en atender asuntos en materia de violaciones a derechos humanos, en materia de promoción de los derechos humanos, en materia de difusión de una cultura hacia dentro de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos y estamos buscando, en buena medida, que estos asuntos, los cuales conoce la CNDH se evite que caigan en la impunidad; por el contrario, se haga justicia.

He recibido una buena aceptación de las recomendaciones que he emitido, estamos pendientes del cumplimiento de las mismas, como una forma de poder garantizar que el servicio que están prestando las Fuerzas Armadas de ninguna manera implique una carta abierta para cometer abusos.

También tenemos denuncias contra la Fiscalía General de la Nación, la Policía Federal Preventiva, que también corresponden a las primeras autoridades en cuanto a volumen de quejas que llegan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Ciudad Juárez representa uno de los problemas en materia de derechos humanos más importantes en el país, en donde no solamente debe de estar en la agenda nacional, sino también debe motivar a que las políticas públicas se lleven a la práctica para poder evitar aspectos tales como el feminicidio de mujeres, poder regresar la tranquilidad y la seguridad pública al municipio de Juárez, Chihuahua, y sobre todo poder garantizar a todos los habitantes de ese municipio, ejerzan plenamente los derechos que les corresponden. Lamentablemente, la inseguridad pública escaló a ciertos niveles, en donde de manera muy lamentable, pues no se ha podido garantizar a la sociedad en general que disfrute plenamente de sus derechos.

En la medida que los delitos no se investiguen, que no se detiene al responsable, que no se le procesa, que no se logran las condenas, entonces se va dando una especie de anuencia o tolerancia, un fenómeno que al paso del tiempo crece y llega al extremo de colocarse en la posición en la cual se encuentra Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde la impunidad es lo que lamentablemente campea, y para ello no hay justificación alguna.

Esperamos que este ambiente pueda controlarse, por fortuna no está en toda la República, sólo en algunos municipios focalizados, aluden precisamente a una acción que se tomó estos últimos años. Yo esperaría que se haga un balance claro en la materia y que pueda determinarse si es conveniente en buena medida continuar con esta estrategia o bien modificarse para, sin merma de combatir la delincuencia, sí evitar que quede vulnerable la sociedad ante este tipo de acciones.

He sostenido que no hay justificación alguna para que so pretexto en contra de la delincuencia se violen los derechos humanos, y de igual manera es fundamental que se dote a la sociedad de seguridad pública, pero todo esto siempre dentro del marco de la ley. No hay justificación alguna para combatir a la delincuencia actuando como delincuente, por el contrario, la autoridad debe ser la primera responsable de respetar la ley y de evitar irse al margen de la ley.

Afortunadamente, contamos con instituciones sólidas a las que se puede acudir por fortuna, en buena medida, si bien es cierto, que está el tema de la delincuencia, también lo es que hay instituciones que están ahí, listas para poder apoyar a cualquier sociedad; la Defensoría del Pueblo de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras tantas más, que estamos ahí, puestos para ello.

El tema de la seguridad pública sí es un tema importante en el país, pero hay otros temas también que estamos trabajando y que se requiere en buena medida avanzar; la atención a las mujeres, a la niñez, los adultos mayores, la seguridad pública, los servicios en materia de salud, la atención a los migrantes, a las poblaciones y grupos étnicos, es parte también de una tarea que está en una agenda al pendiente.


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