EL FUTURO DE LOS JÓVENES, RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) trabaja activamente en la promoción, protección y defensa de los derechos de los jóvenes, dijo su presidente Raúl Plascencia Villanueva en una reunión que sostuvo con alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California.

Ante miembros de la organización Jóvenes por Tijuana, les explicó que ante las circunstancias desfavorables que ahora enfrenta la juventud, la responsabilidad de su futuro debe ser un compromiso compartido entre el gobierno y la sociedad.

Es necesaria la participación de la sociedad civil y de las instituciones públicas, para que sumen esfuerzos con una clara agenda que establezca hacia dónde debe orientarse el trabajo de las futuras generaciones, en beneficio de nuestro país.

Con capacitación y una cultura en el servicio público, donde de ninguna manera se lastime a inocentes o terceros, el respeto a los derechos humanos se incrementará de manera sustancial.

“Hay quienes suponen que los derechos humanos están en una posición etérea difícil de identificar, pero se equivocan porque se encuentran previstos en nuestra Carta Magna y protegidos por diversos instrumentos internacionales.

Al planteamiento de los universitarios sobre si las oficinas de derechos humanos que han creado dependencias públicas pueden solucionar la falta de respeto a éstos, indicó que lo que buscan es promover al interior de sus instituciones una mayor cultura de respeto a los derechos fundamentales de las personas.

La solución se puede ir dando en la medida en que tengamos servidores públicos altamente calificados, conscientes de la responsabilidad que tienen, con una cultura de la legalidad y un respeto absoluto de los derechos fundamentales.

La CNDH ha estado trabajando en colaboración con diversas organizaciones para implementar la Red Nacional de Atención Integral para Jóvenes, que tiene como fin la promoción y protección de sus derechos fundamentales.

La Red Nacional tendrá como tarea proponer programas de vinculación institucional con organismos públicos y privados, en todos los niveles de gobierno, para ampliar el universo de atención. Habrá colaboración en programas y políticas públicas de fomento a la cultura de protección de los derechos de los jóvenes en general, y prevención de conductas que pongan en riesgo su integridad física y emocional.


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