ORDENA EL IFAI ENTREGAR INFORMACIÓN SOBRE DEMANDAS PRESENTADAS POR LA PGR, A TRAVÉS DE ABOGADOS NORTEAMERICANOS, CONTRA ARMERÍAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) consideró procedente modificar la clasificación que hizo la Procuraduría General de la República (PGR), de diversa información relacionada con el contrato que celebró con una firma de abogados de Estados Unidos de Norteamérica (E.U.A.) para demandar a armerías de ese país.

Un particular pidió a la PGR saber, entre otras cosas,  si contrató a la firma de abogados Reid Collins & Tsai para demandar a armerías de Estados Unidos; cuánto costó o costará el mismo, y la fecha en que se planea concretar la demanda, tipo de cargos que se pretenden fincar, cuáles armerías se demandarían y todos los detalles posibles sobre el tema.

En respuesta, la PGR informó que firmó un contrato de servicios con los despachos Reid Collins & Tsai y Berg Associates, el 28 de octubre de 2010. Dicho contrato tiene por objeto asesorar y representar a la PGR en la investigación, planteamiento, presentación, supervisión y seguimiento de demandas ante tribunales estadounidenses en contra de determinadas personas morales y físicas en los EUA, respecto de las cuales las investigaciones arrojen elementos que hagan presumir su participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, la fabricación, importación/exportación, o compra y/o venta ilícita de armas de fuego, y otras conductas en perjuicio de México.

De igual forma, la PGR, precisó que del monto neto que eventualmente pudiese recuperar el gobierno de México, como resultado de las acciones legales a emprender, se convino con los despachos Reid Collins & Tsai y Berg Associates, una comisión por resultado favorable de 23.5% y 6.5%, respectivamente.

No obstante lo anterior, respecto de la fecha en que se planea concretar la demanda, tipo de cargos que se pretenden fincar, cuáles armerías se demandarían y todos los detalles posibles sobre el tema, la PGR señaló que los despachos contratados continúan con los análisis e investigaciones, por lo que la información sobre este proceso, así como la evaluación de los resultados y toma de decisiones correspondientes, fue clasificada como reservada por un periodo de 12 años.

La PGR consideró que hacer pública esta información impondría un riesgo de afectación a la relación bilateral que se mantiene con las autoridades de los Estados Unidos de América, traería consigo un riesgo significativo a la seguridad e integridad de los abogados e investigadores estadounidenses que realizan estas labores, ya que al alertar a los posibles afectados por esas medidas, provocaría represalias o la adopción de medidas por parte de los eventuales blancos de demandas para impedir u obstaculizar su labor.

Ante esta respuesta el particular se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el IFAI, que fue turnado a la ponencia de la Comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño.

En alegatos, la Procuraduría reiteró su respuesta. Por lo anterior, la Comisionada Pérez-Jaén analizó la normatividad aplicable, así como los términos del contrato, el cual, a pesar de no estar publicado en fuentes oficiales mexicanas, puede ser consultado de manera íntegra en una fuente oficial norteamericana.

Del análisis efectuado por la Comisionada Pérez-Jaén, se concluyó que las causales de reserva invocadas por el sujeto obligado eran improcedentes, por lo cual propuso modificar la clasificación efectuada por la PGR, ya que la información proporcionada por los despachos norteamericanos, su evaluación y la decisión de iniciar acciones legales o no, son elementos de un proceso deliberativo, por lo que es necesario distinguir entre aquellos que se encuentran en trámite y los que han concluido.

 

Por lo anterior, en aquellos casos en los que la PGR ya tomó una decisión definitiva (sea esta la de demandar o de optar por no hacerlo) deberá entregar la información correspondiente. En los casos en que ya se haya interpuesto una demanda, se deberá entregar, entre otra información, el nombre de la persona física o moral demandada, los cargos, así como la fecha en que se interpuso la demanda, reservando únicamente la información que pudiera representar una estrategia procesal del sujeto obligado.

 

La Comisionada Pérez-Jaén mencionó que existe un interés público por difundir la información solicitada, en tanto que permitiría que la sociedad informada tenga conocimiento de los procesos legales que se siguen en contra de personas morales y físicas de los E.U.A., que hagan presumir su participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, la fabricación, importación/exportación, o compra y/o venta ilícitas de armas de fuego, y otras conductas en perjuicio de México.

 

Por último, sólo se deberá clasificar la información de aquellas personas a quienes la PGR aún no ha autorizado demandar por no contar con elementos suficientes, toda vez que el proceso deliberativo continúa en trámite, y, como se menciona en el recurso, este concluye hasta que, de manera definitiva, se adopta la decisión de proceder o de no presentar demanda alguna.

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