EL TÍTULO PROFESIONAL ES UN DOCUMENTO DE CARÁCTER CONFIDENCIAL, POR SER UN DATO PERSONAL

Fuente: IFAI

El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos resolvió, por mayoría de votos, confirmar la clasificación del título profesional de Licenciatura en Física y Matemáticas de una persona que estudió dicha carrera en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), por ser un dato personal.

Mediante una solicitud de acceso, un particular requirió al IPN, la versión pública de este documento, otorgado por la Escuela Superior de Física y Matemáticas a un tercero, en 1974.

En su respuesta, el IPN indicó que los títulos de licenciatura de los alumnos o ex alumnos no pueden ser proporcionados, debido a que son considerados información confidencial, y que requiere el consentimiento del titular para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior, en términos del artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).

Inconforme con lo anterior, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el IFAI, el cual fue turnado a la ponencia de la comisionada María Elena Pérez-Jaén.

En alegatos, el IPN reiteró su respuesta al señalar que la información solicitada es clasificada, ya que se trata de información personal de estudiantes, y no de servidores públicos.

Al analizar la normatividad aplicable, la comisionada ponente determinó procedente confirmar la clasificación invocada por el IPN, en razón de lo siguiente:

-        Los datos personales, por mandato constitucional, deben estar protegidos en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de datos que, por razones de orden público, fije la Ley.

-        La LFTAIPG tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados.

-        Dentro de estos datos personales se encuentran los académicos, a saber: trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, certificados y reconocimientos, entre otros.

-        La información solicitada se relaciona de manera directa con una persona física identificada.

-        El dar acceso a un título profesional implica divulgar la situación académica de una persona.

-        El título profesional que se solicita no se emitió con motivo de actividades públicas, sino que se circunscriben a la esfera privada de su titular.

-        En ese sentido, los datos recabados por las dependencias y entidades deben ser tratados bajo el “principio de finalidad”, incluyendo a aquellas instituciones académicas públicas.

-        No existe constancia de que el particular del que se solicita información sea un servidor público adscrito al sujeto obligado, es decir, el IPN cuenta con la información porque la persona realizó sus estudios de licenciatura en esa Institución, como muchos otros estudiantes.

-        No se advierte interés público alguno para publicitar datos personales que se encuentran clasificados como confidenciales.

Por lo anterior, la comisionada Pérez-Jaén propuso al Pleno confirmar la respuesta del IPN.

Durante la exposición y discusión del proyecto en la sesión pública, la comisionada ponente Pérez-Jaén señaló que el “principio de finalidad” consiste en que los datos se recaban para cumplir con cierto objetivo, concreto y conocido de antemano, por lo que si la finalidad cambia, resultaría necesario solicitar el consentimiento del titular para poder utilizar los datos para nuevos objetivos.

Por lo tanto, los datos recabados por las dependencias y entidades – entre las que se encuentran las instituciones educativas públicas como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Colegio de México (COLMEX), el IPN, entre otras – deben ser tratados únicamente para la finalidad para la cual se hayan obtenido, en ejercicio de las atribuciones propias de dichos sujetos obligados.

Además, indicó que no existe ningún criterio del IFAI que establezca que el título profesional es público, en todo momento y en su totalidad; precisando que sí existe un criterio que contempla la elaboración de una versión pública, cuando se trate de servidores públicos, por lo que es necesario diferenciar cuando este documento es entregado para acreditar la idoneidad de un servidor público para ocupar un cargo, y aquellos casos en los que se obtiene una vez que se ha cumplido con los requisitos académicos determinados por alguna institución educativa.

En este punto, la comisionada Pérez-Jaén manifestó lo siguiente: “ya que de entregarse la información requerida, es decir, el título profesional, se generaría una asimetría en el tratamiento de los datos personales. Por ejemplo, ninguna institución académica privada – entre ellas, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC de Monterrey), la Universidad Iberoamericana (UIA) o la Universidad Panamericana (UP), por citar algunas– entregaría un expediente académico o un título profesional a un tercero que no fuera el titular del mismo; mientras que, de solicitarlo a una institución educativa pública – en este caso del orden federal, como podría ser el CIDE, el COLMEX, el IPN, entre otros – éste sería susceptible de entregarse. La protección de los datos personales no debe distinguir entre el ámbito privado y el ámbito público”.

Adicionalmente, la comisionada precisó que el interés público de saber que una persona cuenta con un grado académico que le permita ejercer determinada profesión, se ve atendido con la posibilidad de consultar el “Registro Nacional de Profesionistas”, que está a cargo de la Secretaría de Educación Pública y es de carácter público. En éste, indicó, se pueden verificar los datos de aquellos profesionistas que han registrado su título profesional, con el fin de obtener una cédula de ejercicio con efectos de patente.

Durante la discusión del asunto, el comisionado presidente, Gerardo Laveaga, y la comisionada Sigrid Arzt, coincidieron con los argumentos planteados por la comisionada ponente y se pronunciaron a favor de confirmar la clasificación del documento, por ser dato personal.

Por su parte, los comisionados Ángel Trinidad y Jacqueline Peschard consideraron que sí existe un interés público por conocer el título profesional de este particular, para acreditar que puede desempeñarse como licenciado en Física y Matemáticas, razón por la cual emitieron un voto disidente.

De este modo, el Pleno del IFAI resolvió, por mayoría de votos, confirmar la respuesta del IPN.


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